martes, 20 de enero de 2015

AMIA: se debe garantizar verdad y justicia


opinión

El estado argentino debe garantizar verdad y justicia a las víctimas del atentado a la AMIA

En el día lunes 19 de enero, se dio a conocer la noticia de la muerte del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman. Amnistía Internacional exhorta al Estado argentino a llevar adelante una investigación exhaustiva e independiente sobre su muerte.

Asimismo, la organización reitera una vez más que es urgente que el Estado argentino procure verdad, justicia y reparación a las víctimas del atentado a la AMIA, que luego de 20 años siguen esperando.

Los funcionarios de todos los poderes del estado argentino –ejecutivo, legislativo y judicial- deben tener presente que son responsables de esclarecer el atentado a la AMIA, y en tal contexto pesa sobre ellos, en sus respectivos ámbitos de competencia, la obligación de realizar acciones conducentes a tal fin. El derecho internacional de los derechos humanos impone la obligación de llevar ante la justicia a los responsables del ataque que dejó 85 muertos, a sus cómplices, y a todos aquellos que han trabajado para desviar la investigación judicial hasta la fecha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual algunos familiares de las víctimas recurrieron en 2005 en busca de la justicia que no encontraron en Argentina, ha señalado la gravedad de la situación. Ante ella, el Estado Argentino reconoció formalmente su responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado, por las irregularidades cometidas en la investigación, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento. Por dicha razón, se comprometió a adoptar medidas tendientes a fortalecer la investigación, dotando de mayores recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia y a la Fiscalía Especial, a revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a promover juicio político contra los funcionarios judiciales que no investigaron, a facilitar el acceso a la información de inteligencia a los jueces que tengan a su cargo investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo, y a promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado. Este reconocimiento lo hizo a través del decreto 812/ 2005.

Luego de 20 años de ocurrido el atentado a la AMIA, las víctimas, familiares y la sociedad argentina necesitan respuestas veraces respecto a los perpetradores de este crimen y con qué complicidades contaron. La gravedad de los hechos de los últimos días pone de manifiesto la necesidad de que el Estado tome decisiones contundentes tendientes a avanzar en el esclarecimiento de la causa AMIA así como a asegurar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte del fiscal a cargo del caso.