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El Diputado Nacional, Hugo Maldonado (UCR-Chaco) presentó un proyecto de ley que propicia la derogación de la denominada “Ley Antiterrorista”, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y sancionada en Diciembre de 2011 como Ley nº 26734.
“La ley antiterrorista tiene como única finalidad ampliar la capacidad estatal de reprimir ya que incorpora al Código Penal la agravante de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”, señaló Maldonado.
El Diputado fundamentó su proyecto en “el impacto negativo que tiene la norma en la sociedad ya que podría habilitar afectación al derecho de la ciudadanía a manifestarse, ya que aumenta el poder punitivo del Estado de una manera evidentemente arbitraria”.
“El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social” dijo y agregó que “se han pronunciado en contra de esta ley cerca de ochenta (80) asociaciones, personalidades públicas e incluso asociaciones internacionales, al suscribir un documento titulado: "Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta", añadió.
“La derogación de esta ley es el único camino posible para no permitir que desde el Estado se pueda tomar como un acto de terrorismo, cualquier reclamo o actitud pública en contra de una decisión gubernamental por parte de movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles, acrecentando las posibilidades de represión, criminalización y judicialización de la protesta social y atentando contra los derechos y libertades individuales, lo que debemos rechazar de manera categórica”, finalizó Maldonado.
Juristas y académicos del derecho han señalado de manera unánime que los términos utilizados en la normativa presentan graves dificultades en su conceptualización, por lo que dejan a criterio judicial la interpretación de posibles “finalidades terroristas” , violando el principio constitucional de tipicidad penal taxativa de los delitos, que exige que las descripciones de las conductas prohibidas sean lo más precisas posibles, de modo de achicar el margen de arbitrariedad en la aplicación de la ley penal.
Cabe recordar asimismo que el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, durante la apertura del año judicial 2012, exigió que el Estado no persiga a los que piensan diferente y, en el Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política (07-03-2012) afirmó que: "la ley antiterrorista ha sido ampliamente criticada y nosotros nos hemos sumado a esa crítica. Como política legislativa, ese artículo no es bueno y mucho menos aplicarlo a una protesta social".
