jueves, 5 de mayo de 2016

“El caso Belén demuestra que en 8 provincias se manejan como si todavía viviéramos en la edad media”


sociedad

La diputada nacional, Carla Carrizo (UCR-Cambiemos), afirmó hoy que “el caso Belén demuestra que en 8 provincias se manejan como si viviéramos en la edad media”.

“El caso Belén es gravísimo y no puede agotarse en una nota de diario o en la movilización social de personalidades y asociaciones. Los dirigentes políticos debemos garantizar que los derechos contemplados por la constitución y el código penal se cumplan en todo el territorio nacional”, sostuvo.

“Es increíble que a 4 años del fallo F.A.L todavía siete gobernadores y una gobernadora, como en el caso de Catamarca, crean que puedan penalizar –con su omisión- lo que las leyes permiten, creando así ciudadanías provinciales de distinta categoría para la protección de mujeres, madres y niñas y el cuidado de la infancia en casos de delitos contra la integridad sexual, cuando Argentina lidera la tasa de embarazo de las madres-niñas asociado con el abuso sexual”, añadió la Diputada radical.

“Sorprende que para peticionar lo que la Nación les adeudaba hayan demorado menos de una semana en reivindicar una sentencia de la Corte y para garantizar los derechos vinculados contra la violencia de género se tomen más de 4 años para avanzar”, finalizó.

Para evitar que los derechos garantizados a nivel nacional dependan de la buena o mala voluntad de gobernadores/as o funcionarios/as, la diputada presentó dos proyectos. Uno insta a los mandatarios de Mendoza (UCR), San Luis (PJ), Santiago del Estero (FCyS), Tucumán (FPV-PJ), Formosa (FPV-PJ), Corrientes (UCR); Catamarca (FPV-PJ) y San Juan (PJ) a cumplir con lo dispuesto por la Corte en 2012, otro modifica el art. 86 del Código Penal y establece lo que la Corte ha dicho para evitar que interpretaciones de índole moral, válidas en el plano personal, lesiones derechos constitucionales y avanza en una redacción que respeta el derecho a elegir de personas con discapacidad que no son ni “idiotas ni dementes”, como figura en la actualidad, expresiones que, afirmó la diputada “precisamente gracias a la democracia que tenemos a nivel nacional pero falta en estas provincias” ya no existen como categoría jurídica.