política
La CTA que conduce Pablo Micheli solicitó al Congreso Nacional que declare la
“Emergencia sanitaria, hídrica y ambiental en las zonas de
actividad minera a cielo abierto”.
Frente al conflicto suscitado por un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal en la Provincia
de San Juan el pasado domingo 13 de septiembre, y a un día de que el Juez de esa localidad, Pablo Oritja,
dispusiera el cese de la medida cautelar por medio de la cual se suspendían las actividades en la mina Veladero, la CTA Autónoma realizó una petición formal al Congreso Nacional para que
tome cartas en el asunto.
La nota solicita se dicte una ley que “declare la emergencia sanitaria, hídrica y ambiental de las
regiones donde existan, en cualquiera de sus etapas, procesos mineros metalíferos que utilicen sustancias
químicas hidro-tóxicas o a cielo abierto”, y que disponga a su vez el "cierre de todos los proyectos
actualmente en ejecución y se prohíba la actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias químicas
hidro-tóxicas en todo el territorio nacional.”
A su vez, el documento firmado por el secretario General de la CTA-A Pablo Micheli y por los
secretarios Adjuntos Ricardo Peidro y José Rigane, propone y subraya que todas estas medidas sean
realizadas dentro de un programa de preservación de los puestos de trabajo y reconversión de los
emprendimiento mineros hidro-tóxicos en proyectos no contaminantes.
En este marco, requiere que se prevea también la reparación integral de los daños causados por esta
actividad a los ciudadanos, poblaciones y ambientes afectados. Desde la Central señalaron: “Se está poniendo
en juego la salud de la población y, de acuerdo a la legislación vigente, las únicas beneficiadas son las
empresas mineras”.
Por otro lado, el petitorio solicita la urgente necesidad de que se investiguen y determinen las
responsabilidades penales, civiles y/o administrativas que pudieren corresponder, por los delitos y daños
causados por este tipo de actividades, al igual de que se realice una consulta a la población en general para la
elaboración de nuevas leyes que rijan la materia y contemplen la participación de los trabajadores en las
ganancias de dicha actividad.
Las medidas solicitadas por la CTA Autónoma alcanzarían a la totalidad de las minas a cielo abierto
que, según estudios y denuncias realizadas por distintas instituciones, afectarían negativamente la salud de la
población aledaña a los emprendimientos, los ríos y reservas de agua y al ambiente en general.
