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Belén tiene 27 años y hace más de dos años está presa por haber sufrido un aborto espontáneo. Fue acusada, juzgada y condenada a 8 años de prisión por la justicia de la Provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Mediante una acción urgente, Amnistía Internacional reclama su libertad inmediata e incondicional.
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén fue a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán por dolores abdominales. La derivaron al Servicio de Ginecología porque tenía abundante sangrado. Allí le informaron que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 22 semanas. Belén dijo que desconocía estar embarazada.
Personal del hospital encontró un feto en un baño e inmediatamente la denunció asumiendo que era “hijo” de Belén, pero sin tener ninguna prueba ni análisis de ADN que probara su relación con el feto.
De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda mujer o niña que requiera un aborto o que sufra un aborto espontáneo está protegida por el secreto profesional. En este caso, sin embargo, los médicos violaron el deber de confidencialidad entre médico-paciente.
Belén estuvo detenida por más de dos años, en prisión preventiva, acusada de haberse provocado un aborto. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán la condenó a 8 años de prisión por homicidio y difirió la lectura de los argumentos de la sentencia al próximo 3 de Mayo.
“Desde Amnistía Internacional pedimos la libertad inmediata e incondicional de Belén. Ni ella ni ninguna otra mujer o niña deber sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica. Los maltratos y padecimientos sufridos por Belén en el hospital pueden constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes para el derecho internacional”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía además exhorta a las autoridades a iniciar de manera rápida, imparcial e independiente una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales.
