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La organización internacional de derechos humanos inició una acción judicial ante las barreras que enfrentan mujeres y personas gestantes para acceder a la interrupción del embarazo en San Isidro. Amnistía Internacional busca que se investiguen y remuevan los obstáculos para acceder a un aborto legal en el sistema de salud municipal.
La presentación judicial se realiza a partir de hechos recientemente difundidos por una investigación periodística de CNN en Español, que expuso el testimonio de una mujer que, en septiembre de 2025, enfrentó distintos obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Según esa investigación, además, existirían indicios sobre un protocolo de actuación que establece un circuito de atención con instancias, derivaciones y exigencias incompatibles con la Ley 27.610.
Estos hechos se suman a testimonios y denuncias relevados por Amnistía Internacional a través de su formulario de denuncias online, sobre obstáculos en el acceso a esta práctica en el sistema de salud municipal que dan cuenta de un escenario preocupante de demoras, interferencias y prácticas que podrían vulnerar el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
En su informe También es por vos la organización ya había advertido sobre distintas barreras que enfrentan mujeres y personas gestantes para acceder al aborto. Durante 2025, además, Amnistía Internacional siguió recibiendo testimonios que muestran que estos obstáculos no solo persisten, sino que se habrían profundizado en esa localidad.
La acción judicial tiene por objeto relevar información oficial sobre la presunta existencia de un “Protocolo de Actuación ante Solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo” en el Municipio de San Isidro, así como sobre otras prácticas denunciadas que podrían estar imponiendo barreras en el acceso al aborto contrarias a la ley 27.610.
“Lo que está en juego es el acceso efectivo a un derecho. Ninguna mujer ni persona gestante debería atravesar situaciones de hostigamiento, dilaciones o interferencias indebidas al solicitar una interrupción del embarazo. Las autoridades tienen la obligación de garantizar una atención oportuna, digna y libre de violencias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Mediante esta presentación, se espera que la Justicia ordene medidas urgentes para acceder a la información pública necesaria y determinar las responsabilidades correspondientes.
La organización reafirma su compromiso con la defensa del derecho al aborto legal en la Argentina y exige a las autoridades de San Isidro que garanticen el pleno cumplimiento de la ley.
